SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS FRENTE A LA LIBERTAD RELIGIOSA EN EL SUR DE BOLÍVAR 2024-2025

Francisco Hiran Cortés Salinas; Erich Javier Sierra Guzmán; Álvaro Emilio Ebratt Pacheco; Yair Estrada Mendoza; Ingrid Montes Alvarino; José Ángel Gómez Puentes

doi:10.22519/22157379.2688

Autores/as

Francisco Hiran Cortés Salinas Gobernación de Bolívar
Erich Javier Sierra Guzmán Gobernación de Bolívar
Álvaro Emilio Ebratt Pacheco Gobernación de Bolívar
Yair Estrada Mendoza Gobernación de Bolívar
Ingrid Montes Alvarino Corporación Universitaria Rafael Núñez
José Ángel Gómez Puentes Corporación Universitaria Rafael Núñez

DOI:

https://doi.org/10.22519/22157379.2688

Palabras clave:

Conflicto armado; Derechos humanos; Gobernanza criminal; Libertad religiosa; Líderes religiosos; Sur de Bolívar.

Resumen

La libertad religiosa, consagrada constitucionalmente como pilar del pluralismo axiológico, experimenta una severa crisis fáctica en escenarios de frontera interna colombiana donde la manifestación pública de la fe (fórum externum) es violentada en el marco de conflictos armados en disputa. En la subregión del Sur de Bolívar, los líderes eclesiales enfrentan hostigamientos sistemáticos e invisibilidad estadística, situación agravada por el Decreto 1285 de 2023 que excluyó a este sector como sujeto de especial protección ante la Unidad Nacional de Protección (UNP). El estudio tuvo como objetivo analizar la situación de vulneración de los derechos humanos que sufren los líderes religiosos en el Sur de Bolívar durante el periodo 2024-2025, identificando las taxonomías del riesgo, los factores territoriales explicativos y el nivel de respuesta estatal. Metodológicamente, se adoptó un enfoque socio-jurídico mixto (cuantitativo-cualitativo), de alcance descriptivo y corte transversal. Mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia e informantes clave, se seleccionó una muestra analítica de doce ($n=12$) líderes eclesiales activos en Magangué, Montecristo, Tiquisio, Achí y San Jacinto del Cauca, recopilando datos primarios mediante un cuestionario estructurado ad hoc bajo estrictos criterios éticos de confidencialidad, procesando la información a través de estadística descriptiva univariada y triangulación hermenéutica. Los hallazgos cuantitativos revelaron que las agresiones principales corresponden a cobros coercitivos (extorsión), restricciones extremas a la movilidad e impedimentos fácticos para celebrar cultos públicos y ritos fúnebres. Los Grupos Armados Organizados (GAO) se consolidan como el vértice primordial de la amenaza (8 de 12 participantes), registrándose presiones con frecuencia diaria en áreas rurales dispersas, induciendo un "efecto paralizante" o autocensura discursiva eclesial. Desde el plano crítico, se discute cómo la violencia responde a dinámicas de gobernanza criminal e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, donde las estructuras ilegales perciben el capital de confianza y la legitimidad social de las iglesias como un poder moral competitivo que obstruye su control territorial. Asimismo, se evidencia una profunda desconfianza institucional y un subregistro derivado del temor fundado a represalias y a la infiltración criminal de las autoridades locales, lo que genera una marcada injusticia epistémica. Se concluye que la desprotección normativa estatal y la lejanía geográfica de entidades como la Defensoría del Pueblo acentúan la vulnerabilidad por omisión legislativa; por consiguiente, la articulación de la Política Pública departamental (Ordenanza 371 de 2024) requiere urgentemente el rediseño de rutas de prevención y protección con un enfoque micro territorial descentralizado que ampare con eficacia el libre ejercicio de la libertad religiosa frente a la coacción violenta organizada.

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